La Procuraduría General de la Nación abrió investigación disciplinaria contra la Alcaldesa de Luruaco, Marly Gutiérrez Pérez, por la presunta transgresión de las normas de aislamiento preventivo y distanciamiento social establecidas para la contención de la Covid-19. 

La mandataria apareció festejando en un restaurante del municipio la aprobación del Plan de Desarrollo del Municipio, violando las recomendaciones de las autoridades sanitarias y las mismas de Gobierno, ya que este tipo de establecimientos no pueden vender alimentos para el consumo ‘in situ’ sino para domicilio.

Es decir, como autoridad de Gobierno la propia Alcaldesa habría violado las disposiciones preventivas, esta vez acompañada de los concejales.

Por las mismas circunstancias, la Procuraduría abrió investigación disciplinaria contra el Secretario de Gobierno del municipio de Galapa, Atlántico, Marco Tulio Rojas, “por la presunta violación de las normas de aislamiento preventivo, establecidas para la contención del Covid-19”.

Un video publicado por Zona Cero muestra al funcionario consumiendo alimentos en un restaurante, junto a otras personas, a pesar de existir claras prohibiciones al respecto.

Del mismo modo, por causas idénticas, el Ministerio Público abrió investigación al Concejal de Sabanalarga, Atlántico, Alexi Rafael Díaz, “por presunto incumplimiento de las normas de aislamiento preventivo y distanciamiento social establecidas para la contención de la Covid-19”.

Al parecer el Concejal habría participado en una fiesta, en la que además al parecer se desconoció el toque de queda y la ley seca que regía en el municipio, “según un video que fue enviado a la cuenta de twitter de la PGN, en donde las personas que aparecen en las imágenes no usan tapabocas, ni guardan el distanciamiento establecido”.

Contrataciones con aportantes de campañas

Por otra parte, la Procuraduría, atendiendo las denuncias de Transparencia por Colombia y la Alianza Ciudadanía Activa, inició vigilancia preventiva para establecer posibles hechos de corrupción por la adjudicación de contratos durante la emergencia sanitaria, a personas naturales o jurídicas que aportaron a las campañas políticas de los candidatos elegidos entre 2018 y 2019.

Estos contratos suscritos por las Entidades Territoriales entre marzo y junio de 2020 representan el 2% de la contratación para atender la emergencia sanitaria de la pandemia por la Covid-19.

El Ministerio Público vigila preventivamente los contratos adjudicados a 117 financiadores de campañas, entre marzo 16 y mayo 25, por un valor que supera los $12.500 millones con las administraciones de Bolívar, Caldas, Córdoba, Risaralda, Santander, Valle del Cauca y Bogotá. Según informe de Alianza Ciudadana Activa, los contratistas fueron aportantes de las campañas políticas locales en 2019, por una cifra superior a los $ 4.7 mil millones.

Adicionalmente, la PGN identificó 147 contratos, por valor de $47.028 millones, que fueron adjudicados a 77 aportantes a campañas de candidatos elegidos entre 2018 y 2019, encontrando que tan solo a 8 de estos contratistas se les adjudicaron 49 contratos, que suman $43.494 millones.

El Ministerio Público verifica posibles irregularidades relacionadas con la falta de idoneidad de los contratistas, prohibiciones, inhabilidades o presuntos conflictos de interés, sobreprecios, eventual acaparamiento, concentración o cartelización de la contratación pública, plazos insuficientes para ejecutar los contratos, inexistencia de la población beneficiaria y adición de contratos injustificada, entre otras conductas.

La PGN conformó una comisión integrada por los procuradores delegados para la contratación para establecer posibles transgresiones al Estatuto Anticorrupción y a la Ley Electoral, por los contratos celebrados entre las diferentes administraciones municipales y departamentales con los aportantes a las campañas.

Avances de las investigaciones

Durante la rueda de prensa conjunta con el Contralor General, Carlos Felipe Córdoba y el Procurador General, Francisco Barbosa, el Procurador General, Fernando Carrillo, precisó que ante la emergencia sanitaria generada por la pandemia de la Covid-19, el Ministerio Público avanzó en la priorización de  2.376 casos, de los cuales 813 corresponden a procesos disciplinarios y 1.563 actuaciones preventivas  de vigilancia y seguimiento para evitar la vulneración de los derechos de los ciudadanos, hechos de corrupción o mal uso de los recursos públicos destinados para ayudas humanitarias.

En desarrollo del programa ´Transparencia para la Emergencia´, que adelanta en conjunto con la Contraloría General de la República y la Fiscalía General de la Nación, el ente de control ordenó en 813 casos la apertura de un expediente disciplinario.

De los 813 procesos disciplinarios, 82 corresponden a 27 gobernaciones. De este grupo 66 se encuentran en indagación, 12 en investigación y avanzan los juicios disciplinarios contra el Gobernador de Arauca,  el Gobernador de Vichada, y 3 funcionarios de la gobernación de Quindío.

Como parte de estos procesos permanecen suspendidos de sus cargos el gobernador de Chocó, la secretaria General de la Gobernación de Cesar y la Secretaria de Salud de la Gobernación de Tolima.

La Procuraduría adelanta 593 expedientes contra funcionarios de 396 alcaldías, de los cuales 553 se encuentran en indagación preliminar, 30 en etapa de investigación y se avanza en 10 juicios disciplinarios, entre los cuales figuran los de los Alcaldes de Coveñas y Sincelejo, en Sucre; El Socorro y Girón, en Santander; Guaduas, Cundinamarca, y El Doncello, Caquetá.

Por los procesos por presuntas irregularidades en alcaldías, permanecen suspendidos el Alcalde de Armenia, Quindío; el Alcalde y el Secretario Administrativo de Calarcá, Quindío; los Alcaldes de Cereté y Tierralta, Córdoba; el Alcalde de Malambo, Atlántico; la Alcaldesa de Sucre en Sucre, el Alcalde y el Secretario General y de Gobierno de Palocabildo, Tolima y el Secretario de Gobierno de Puerto Tejada, Cauca.

Procesos por regiones

Por regiones, en la Andina se adelantan 337 procesos en 215 municipios, en la Caribe 136 en 95 municipios, en la Pacífica 83 en 57 municipios, en la Orinoquía 20 en 18 municipios y en la Amazonia 17 en 11 municipios.

De los 337 procesos en la Región Andina, 185 municipios de los departamentos de Tolima, Cundinamarca y Antioquia enfrentan el mayor número de procesos, 70, 64 y 52, respectivamente, lo que equivale a un 55%.

En la Región Caribe, de los 8 departamentos que la componen, Sucre, con 30, Córdoba, con 29, y Bolívar, con 20 enfrentan el mayor número de expedientes en 57 municipios.

En la Región Pacífica, de los 4 departamentos, Nariño con 43, y Valle del Cauca, con 23,  concentran el 79% de los expedientes disciplinarios por presunta irregularidades relacionadas con la pandemia por la covid-19.

En la Orinoquía, de los 20 procesos que se adelantan, 12 corresponden a 11 municipios de Meta y en la Amazonía de los 17 procesos, 15 tienen relación con 9 municipios de Caquetá.

Así mismo, se adelantan 138 actuaciones disciplinarias contra 108 entidades, de las cuales 125 se encuentran en indagación preliminar, 12 en investigación y en un caso se formuló pliego de cargos.

En total se adelantan 63 procesos contra 63 Empresas Sociales del Estado –ESE-, 25 entidades del orden nacional, 18 territoriales, 17 a concejos municipales, 9 establecimientos penitenciarios, 4 personerías, 1 comisaría y la Asamblea Departamental de Arauca. 

Protección del consumidor

De la misma manera, la PGN solicitó a la Superintendencia de Industria y Comercio un informe detallado sobre las medidas tomadas para la protección de los derechos del consumidor, ante un supuesto incremento injustificado de precios por parte de algunos establecimientos comerciales, días antes de las jornadas de exención del IVA, previstas para el 19 de junio, 3 y 19 de julio de 2020.

El Ministerio Público requirió al superintendente indicar las acciones adelantadas, en cumplimiento al artículo 33 de la Ley 1480 de 2011, según el cual las promociones u ofertas deben permanecer válidas “… hasta que se dé a conocer la revocatoria de la misma por los mismos medios e intensidad con que se haya dado a conocer originalmente”. 

Consideró la PGN que las conductas denunciadas van en abierta contravía del espíritu que motivó la exención para la reactivación de la economía y beneficiar al consumidor final, buscando que los vendedores de los productos disminuyan el precio de venta al público de la tarifa de IVA que les sea aplicable.

Primer fallo Covid-19

En el primer fallo por las irregularidades con los recursos destinados a atender la pandemia del coronavirus, la Procuraduría sancionó con suspensión e inhabilidad especial por cuatro meses al subdirector del Departamento Administrativo de Bienes y Suministros de Armenia, José Javier Acero Osorio, por irregularidades en el pago de servicios de alimentación a la empresa ‘Guitarra & Coffee’.

El ente de control estableció que el disciplinado desconoció las normas que regulan la contratación estatal al autorizar el reconocimiento y pago, el 14 de abril de 2020, de 538 almuerzos por valor de $8.177.600 por servicios prestados los días 1 y 2 de abril, sin que mediara contrato que respaldara los servicios entre la administración y el proveedor, actuando en contravía de la justificación del negocio jurídico que él mismo realizó.

La Procuraduría encontró que el acta de inicio del negocio jurídico para el suministro de alimentos, por valor de $300 millones, fue firmada el 3 de abril de 2020, y que el disciplinado legalizó un hecho cumplido. Así mismo, Acero Osorio no pudo justificar porqué suministró almuerzos a personas que de manera directa no estaban atendiendo a la población vulnerable del municipio de Armenia afectada por la pandemia por el covid-19.

La falta fue calificada de manera definitiva como grave a título de dolo.

Pliegos de cargos

También, la Procuraduría formuló pliego de cargos contra el Gobernador de Arauca, José Facundo Castillo Cisneros, por presuntos sobrecostos en la contratación de paquetes alimentarios para 33.437 familias, suscrito con el contratista Multiservicios Mael S.A.S. Zomac, por la valor de $4.463´370.180.

Los cargos también cobijan a los secretarios de Gobierno y Seguridad Ciudadana, Luis Medardo Tovar Altuna; de Desarrollo Social, Carolina Muriel Zea; al gerente de Contratación, Heivind Palomino Gutiérrez, y al profesional universitario coordinador de gestión del riesgo del departamento, Edwar Enrique Portillo.

El mandatario deberá responder por qué en el proceso no se habrían utilizado las cotizaciones más económicas, ni realizado el análisis del costo de transporte y logística, lo que habría generado un mayor valor del contrato y un detrimento en el patrimonio público.

Para el caso de los secretarios se cuestiona su participación en la etapa precontractual del proyecto sin tener en cuenta los valores más favorables y los costos de transporte y logística.

La presunta falta de los investigados fue calificada de gravísima a título de culpa gravísima.

Desde el 15 de mayo, el Gobernador de Arauca enfrenta una audiencia de juzgamiento disciplinario por las presuntas irregularidades en el contrato para la realización de eventos y actividades artísticas en el municipio de Cravo Norte, por $570 millones, suscrito el 14 de abril de 2020, sin que, al parecer, se hubiera tenido  en cuenta la emergencia sanitaria por el Covid-19.

Al gobernador se le reprochó la presunta violación a los principios de planeación y de transparencia, que comporta el deber de selección objetiva y de responsabilidad de la contratación estatal.

Citación a audiencias

Así mismo, citó a juicio disciplinario al Alcalde del municipio de El Molino, en La Guajira, Juan Pablo Vega Escobar, y la Secretaria de Gobierno, Karelis Rosado Acosta, por presuntas irregularidades en el Contrato 01 del 24 de marzo de 2020, que tenía por objeto la compra de insumos y víveres no perecederos, suscrito de manera directa con la Fundación Social Creciendo, por un valor de $99´247.900.

Al mandatario se le reprocha su participación en el proceso con la Fundación Social Creciendo, con el presunto desconocimiento del principio de responsabilidad que rige la contratación estatal, lo que habría facilitado los sobrecostos identificados por una auditoría de la Contraloría General de la República.

En la audiencia la secretaria de Gobierno deberá responder por haber participado en la etapa precontractual del proceso 01, con presunto desconocimiento de los principios de responsabilidad y economía al aprobar los estudios previos y la propuesta presentada por la fundación.

Las presuntas faltas de los funcionarios fueron calificadas en esta etapa del procesos como gravísimas a título de culpa gravísima.

En Anapoima

La Procuraduría llamó a audiencia disciplinaria al alcalde de Anapoima, Cundinamarca, Hugo Alexander Bermúdez, por presuntas irregularidades en los contratos 140, para el suministro material publicitario para la prevención del coronavirus, y 147 para la provisión de manillas de diferentes colores para la identificar a la población circulante en el municipio durante el tiempo que dure la pandemia de la covid-19, suscritos con la empresa Concepto Creativo S.A.S..

El mandatario deberá responder en la audiencia de juzgamiento disciplinario por su participación en la actividad contractual, en detrimento del patrimonio público, al convenir el suministro de servicios de publicidad y otros bienes no requeridos para contener y mitigar los efectos de la covid-19, acciones presumiblemente contrarias a los principios de moralidad, economía, eficacia y eficiencia que deben regir la función administrativa.

La presunta falta del alcalde fue calificada como gravísima a título de culpa gravísima.

Investigaciones disciplinarias

Copacabana

La Procuraduría abrió investigación disciplinaria y suspendió provisionalmente, por tres meses, al alcalde de Copacabana, Antioquia, Héctor Augusto Monsalve Restrepo, y al personero, Mefi Boset Gómez, por presuntas irregularidades en el traslado de más de 300 migrantes con destino a la frontera colombo-venezolana, al parecer, sin el cumplimiento de la normatividad, protocolos y procedimientos establecidos.

En este proceso, el órgano de control también investiga a la secretaria de Gobierno del municipio, Jaqueline Zapata Cano.

Se busca establecer la existencia de supuestas faltas disciplinarias relacionadas con la supuesta desatención de los parámetros establecidos en la Directiva N° 017 del 30 de abril de 2020 de la Procuraduría y la Resolución N° 1265 del 28 de mayo de 2020 de la UAE Migración Colombia por parte de los investigados, pudiendo afectar no solo a los migrantes venezolanos que actualmente se encuentran en el corregimiento de San José del Nus del municipio, sino también a las comunidades de la región.

La medida de suspensión provisional es tomada para evitar la reiteración de la presunta falta disciplinaria por parte del alcalde y el personero municipal, cuyas decisiones habrían puesto en riesgo el orden público en Copacabana y otras localidades del país.

Los investigados podrán solicitar ser escuchados en versión libre.

La Procuraduría compulsará copias de la actuación y del acervo probatorio a la Fiscalía General de la Nación y a la Contraloría General de la República para lo de su competencia.

Acacías

La Procuraduría abrió investigación contra el alcalde de Acacías, Meta, Eduardo Cortés Trujillo; la secretaria de Gobierno, Bertha Amanda Perilla Villamil, y el jefe de la Oficina de Contratación, Óscar Javier Ortiz Arteaga, por los presuntos sobrecostos en la adquisición de 5.000 mercados por un valor unitario de $225.000 para los damnificados por la covid-19, en un contrato suscrito con Alonso Ladino Daza, por $1.125´000.000.

El Ministerio Público investiga la existencia de eventuales irregularidades relacionadas con el valor del Contrato de Compraventa 207 de 2020, el cumplimiento del objeto contractual y la capacidad del contratista, quien pese a registrar como actividad económica el comercio al por menor de productos agrícolas, víveres y abarrotes, y la titularidad de un establecimiento por valor de $43 millones, celebró el compromiso por más de $1.000 millones.

También se investiga el acta modificatoria 01, que presuntamente sin variar el objeto inicial del contrato para la adquisición de los 5.000 mercados, habría ajustado el valor final a $904´525.000 incluidos el IVA y descuentos de ley.

Entre las pruebas que figuran en el proceso se encuentra la Resolución 100 del Contralor Departamental del Meta, según la cual existiría un presunto sobrecosto equivalente a $466.440.150 sobre el valor inicial del contrato, y de $245.965.150 sobre el valor establecido en el acta modificatoria No. 01 de abril 8 de 2020.

Lérida

Así mismo, se abrió investigación contra  el alcalde de Lérida, Tolima, Marco Antonio Ospina Velandia, por presunta omisión en la toma de medidas para prevenir el contagio de coronavirus en el municipio.

Se investiga si el mandatario la mañana del 19 de abril de 2020 habría desatendido la solicitud de uniformados de la Policía Nacional para evitar aglomeraciones dentro y fuera del Supermercado Orjuela, que de acuerdo con una de las cajeras del local sería de propiedad de su familia.

De acuerdo con la denuncia hecha por el Comando de Policía Tolima, los hechos presuntamente ocurrieron a la vista de varios ciudadanos, algunos de los cuales habrían desaprobado la actitud del mandatario.

En todos los casos de apertura de investigación disciplinaria, los servidores podrán solicitar ser escuchados en versión libre.

Indagación servicios públicos

La Procuraduría iniciará esta semana la valoración de las pruebas aportadas en la indagación preliminar abierta contra funcionarios por determinar de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios -SSPD-, la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico -CRA- y la Comisión Reguladora de Energía y Gas -CREG-, a fin de verificar si se adoptaron las medidas administrativas  para  evitar  presuntos incrementos en tarifas y cobros injustificados de servicios públicos durante la emergencia de la covid-19.

En este proceso se busca establecer los controles y las actuaciones de la Super y las comisiones frente a los aumentos que hicieron los prestadores en las tarifas de servicios públicos a nivel residencial, industrial y comercial, lo que podría repercutir en el menoscabo de las finanzas de los titulares de los servicios.